Congreso de la Ciudad de México. En Uruguay, el acceso al agua potable no es simplemente un servicio, es un derecho consagrado constitucionalmente y una responsabilidad indelegable del Estado. El agua es un derecho humano, no una concesión del poder público ni un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Por eso, cuando miles de ciudadanos salen a las calles para exigir agua.